Hoy me topé con una columna del abogado Alfredo Bullard en El Comercio. En esta, el señor expone una serie de “razones” con las que “cuestiona” y rechaza una iniciativa legislativa del congresista Hugo Carrillo Cavero. ¿Qué pretende este proyecto de ley? Exigir que los productos que se comercializan en el país incluyan las lenguas originarias más representativas para informar al consumidor sobre los ingredientes, la naturaleza del producto, las restricciones o las garantías que ofrece el proveedor. ¿Es positiva esta iniciativa legislativa? Desde luego que sí, líneas más abajo expondremos las razones. ¿Qué es lo que nos dice el señor Bullard, desde su posición de representante y vocero de los poderes fácticos, desde su oficina limeña que le impide ver más allá de sus propias narices? No dice esto:

“Durante un gobierno socialista como el revolucionario de las Fuerzas Armadas, jamás se le ocurrió a nadie llegar al extremo de obligar que las etiquetas de los productos o las publicidades tuvieran que estar en quechua. Nunca llegaron a tanto. Hoy un grupo de congresistas, encabezados por el parlamentario Hugo Carrillo Cavero, ha presentado un proyecto de ley (5130-2015) en el que pretende ir más allá del mismísimo Velasco”.

“No solo quieren obligar a que esa información sea presentada en quechua en etiquetas y publicidades, sino en las que denomina 47 lenguas originarias del Perú. Incluye al resígaro, hablado por 37 personas, el cauqui por 11, iñapari hablado por 4, muniche por 3, y el taushiro hablado increíblemente por una sola persona. Y eso sin contar la cantidad de dialectos que puedan existir”.

Al señor Bullard o le falta algo de comprensión lectora o exagera deliberadamente a fin de confundir a las masas y “jalar agua para su molino” (digo, a favor de sus amigos que son los socios de la Confiep y de la DBA). Nosotros pensamos lo segundo. Se trata de una iniciativa legislativa saludable y muy bien intencionada. Una justicia que llega tarde, casi 200 años después de que se haya fundado la República. Seguramente, con más desaciertos que aciertos, pero que en el fondo reivindica una buena causa: que los productos que se comercializan en el país incluyan lenguas nativas en el etiquetado y que se promocionen en lenguas nativas, además del castellano.

El señor Bullard miente y manipula a sus lectores. Ya no se trata de una opinión, sino de una malintencionada y burda tergiversación de la naturaleza y de los límites o defectos de la ley (porque sí, los tiene). Aquí va nuestra aclaración: en primer lugar, la ley señala claramente que se debe exigir que los productos que se comercialicen en el país deben informar a los ciudadanos (los consumidores, según la ley de protección del consumidor) “en castellano y en lengua originaria prevalente en el ámbito geográfico al que sea destinada”. No dice, de ninguna manera, en cada una de las lenguas nativas, incluyendo las que tienen escasos hablantes (mejor dicho: los que están en peligro de extinción). Mucho menos señala que deba ser a nivel nacional, por ejemplo, en Lima (en Metro, Wong, Plaza vea, Jokey Plaza o  algún otro centro comercial), desde luego sería inútil. Dice, en las regiones donde prevalezcan estas lenguas. En ese sentido, lo que dice el señor Bullard es una falsedad, una burda desinformación en desmedro de sus lectores.

En segundo lugar, el señor Bullard expone que en los años setentas (sic), durante el gobierno militar (de Velasco), las presentaciones de las noticias en quechua -que obligatoriamente se hacía en el Canal 4- les interesaba a pocas personas y que les era poco útil, generando COSTOS INNECESARIOS. Dice, entre otras cosas, esto: "(la iniciativa legislativa) Se llena de acciones que suenan bien y que no sirven para nada. Y lo peor es que obligan a los ciudadanos a pagar por ellas".

A ver… señor Bullard, ¿es usted consciente de la realidad nacional de la que forma parte? Hagamos un poco de ejercicio mental: ¿no sirven para nada las lenguas nativas?, ¿no somos casi 4 millones de ciudadanos los que hablamos quechua?, ¿no son cerca de 3 millones de ciudadanos los que se comunican en lengua aimara?, ¿no se reconoce a todas las lenguas nativas del país como idiomas oficiales en la Constitución?, ¿no pagamos también nuestros impuestos los hablantes de lenguas originarias?, ¿usted cree que los ciudadanos que formamos parte de los pueblos originarios somos de tercera categoría, como lo cree el señor Alan García?, ¿no somos ciudadanos con los mismos deberemos y derechos, como usted y como cualquier otro peruano? ¿Cree que todavía vivimos en el Virreinato, en esa época de oscuridad para el país, cuando llegaron los invasores españoles e impusieron a sangre y fuego, a punta de exterminio, su lengua, su cultura, su religión y sus reglas de juego?

No, señor. Tuvimos que esperar más de 150 años –después de haberse fundado la República– para que un gobierno (Velasco) –aunque no le guste señor Bullard y a muchos como usted– reconozca como idiomas a las lenguas quechua y aimara como idiomas oficiales del país, junto al castellano. ¿Qué pasó luego? Nada, retroceso total: todo quedó en nada con el golpe de estado promovido por esa DBA que hasta ahora nos gobierna. Tuvimos que esperar casi 20 años más (1993) para que se declare como idiomas oficiales del país a todas las lenguas originarias, en los lugares donde predominan. ¿Cuáles son las implicancias de este reconocimiento fundamental? Precisamente aquello que el señor de marras no quiere reconocer: que los ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios tenemos derecho a educarnos, informarnos, tomar decisiones y defendernos en nuestras propias lenguas. Eso, señor, se llama DEMOCRACIA, aunque a usted no le guste.

Luego nos lanza  otra “perla” como esta: 

"Obligar a que los planes de gobierno en las campañas sean presentados a esas 47 lenguas (nativas), que en los debates parlamentarios se traduzca todo lo que se dice en dichas lenguas, y que, cuando un congresista se dirija al público, esté en capacidad de responder preguntas y dar discursos (directamente o acompañado por traductores) en 48 lenguas, incluido un buen español que suele brillar por su ausencia. Y también debería pedir que los periódicos y los noticieros traigan las noticias en todos esos idiomas". 

No señor, no se trata de ello. Cual infantil berrinche, su escrito es una exageración que lo tergiversa todo. El Estado tiene ese rol de atender a todos por igual, velar por los derechos de todos los ciudadanos y promover este tipo de iniciativas. Y… ¿sabe una cosa? Harían muy bien los candidatos en esforzarse un poco y acercarse a las comunidades originarias para hablarles de sus propuestas en sus propias lenguas. A usted, este gesto de inclusión, le parece una burrada, un absurdo. Ya sabemos de qué lado vienen los rebuznos y qué acento tienen.

No se asuste. Estas iniciativas sirven para seguir mejorando como nación. Sirven para formar una sociedad más civilizada, inclusiva y representativa. Es síntoma de que estamos progresando, vamos camino a la interculturalidad. Esta ley no pretende obligar a los productores a usar todas las lenguas originarias, sino promover el uso de estas en los lugares donde prevalezcan. Es el simple ejercicio de un derecho natural reconocido por la Constitución. 

Usted está pensando en Lima, centralistamente. Le voy a pintar un panorama: imagine usted a un empresario ayacuchano o arequipeño, cuyos productos son consumidos por al menos el 80 % de ciudadanos quechua hablantes. ¿No es acaso lógico, saludable y justo que esos productos incluyan información bilingüe?, ¿a qué consumidor no le gustaría?, ¿a qué le teme tanto usted?, ¿o son sus prejuicios y su desprecio por las lenguas y culturas originarias los que se manifiestan como discursos subyacentes en todo cuanto escribe? En caso de que se apruebe, los beneficios serían muchos: reconocimiento de una lengua nativa, reafirmación de la identidad cultural y lingüística de la región, etc.

Señor, sabe usted que el quechua es la lengua nativa de América más hablada en el continente. Es hablada en seis países (Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile) por más de 10 millones de personas. En el Perú, hay al menos 7 millones de personas hablantes de lenguas nativas (23 % de la población total). Todas ellas están en peligro de extinción. ¿No le conmueve? ¿No tienen derecho sus hablantes a informarse  en su propia lengua? 

Como siempre, la miopía les impide entender a los voceros de la clase política y del neoliberalismo que la democracia se basa en el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. El uso de las principales lenguas originarias para la información sobre los ingredientes, las restricciones, etc. –atendiendo a la ley de protección al consumidor– incluido el pedido del “No uso de las voces aceleradas en la publicidad radial” son leyes que reivindican nuestros derechos, porque “los peruanos miembros de los pueblos originarios tenemos derecho a recibir esta información en lengua nativa”, como lo señala el proyecto de ley que no le gusta.

En suma, la columna del señor Bullard, una vez más, nos da muestras de que el síndrome colonial todavía está vigente en la mentalidad o el imaginario colectivo y en la idea de nación de muchos ciudadanos.

Manapunin kay pay hina runakunaqa yachankuchu imatapas ñuqanchikmantaqa. Llullatapunin rimanchkanku. Chaynan kara chay español nisqan misti runakuna chayamusqanmanta pacha. Kunanqa mañana chaynachu kanqa. Nuñaqchikqa, runamasiykuna, suyumasiykuna, allintapunin rabiakuspa, rimarisun klarullata. Chaynam chay, tayta mamakuna, waukiykuna, paniykuna.